
En el allanamiento realizado por la PDI, los agentes encontraron casi 100 dosis de material estupefaciente listo para ser comercializado. La causa tuvo inicio en una denuncia por amenazas calificadas.
El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este viernes un nuevo derribo de un búnker ubicado en barrio San Sebastián de la localidad de Puerto General San Martín, en el marco de la Ley de Microtráfico.
Seguridad17/05/2024El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, lleva derribados hasta el momento un total de 20 puestos de venta de drogas que fueron identificados y judicializados en el marco de la Ley de Microtráfico. Del total, 18 “bunkers” estaban ubicados en barrios Tiro Suizo, Empalme Granero, La Tablada de Rosario, uno en Fray Luis Beltrán, uno en Villa Constitución y uno en Puerto General San Martin. Y la próxima semana, se derribarán los 2 primeros puestos de la ciudad de Santa Fe.
Este viermes, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó un nuevo derribo de un búnker ubicado en barrio San Sebastián de la localidad de Puerto General San Martín.
Al ser consultado sobre la problemática de venta de drogas, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni remarcó que “al vecino queremos transmitirle que denuncie, que se anime, pero que, si no quiere hacer denuncia, que informalmente nos ayude, porque estos son datos de calle que nuestro personal policial va recolectando y llega a buen puerto como el de hoy, que es la desactivación de un puesto de venta de droga. Este trabajo es mediante las órdenes que los fiscales van consiguiendo y se procede al derribo o al desmantelamiento como en este caso o como otro caso en San Lorenzo donde procedimos a tapiar el lugar para que deje de funcionar y se inactive; porque eso es lo que importa, que deje de ser un puesto de droga”
También, ante la posibilidad de que vuelva a funcionar una vez derribado, Cococcioni explicó el procedimiento legal para que lleven adelante junto con los fiscales: “Normalmente, los fiscales y jueces, al haber cambiado el código, nos encomiendan el monitoreo periódico y la posibilidad que nosotros podamos intervenir ante la posible reanudación de la actividad ilícita y vamos a estar monitoreando para que los vecinos puedan vivir tranquilos”.
Por último, el ministro de Justicia y Seguridad enfatizó que “hay más puestos de droga por derribar: la semana próxima haremos lo mismo en la ciudad de Santa Fe; vamos consiguiendo las órdenes y se van priorizando en función de determinadas pautas que nos marca la propia ley de microtráfico, pero hay un criterio de priorización, porque no se trata solo de la venta de drogas como un problema de salud pública sino también que la venta minorista es un factor de degradación social”.
En el allanamiento realizado por la PDI, los agentes encontraron casi 100 dosis de material estupefaciente listo para ser comercializado. La causa tuvo inicio en una denuncia por amenazas calificadas.
Lo dijo el ministro Cococcioni, al dar detalles de la captura de un integrante de la banda criminal de los Riquelme, buscado desde marzo por un homicidio ocurrido en Rosario. También destacó el trabajo de inteligencia que permitió dar con el paradero del joven de 20 años.
Es para la Policía de Santa Fe. “Hoy estamos dando un paso más para empezar a cumplir uno de los pilares de la política de seguridad que nos señaló nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que es tener la policía más equipada de Argentina”, afirmó el ministro Cococcioni.
Juana Natalí Rodríguez, integrante del Comando Radioeléctrico de Rosario, aplicó el dispositivo durante un procedimiento por violencia de género. El ministro destacó que la intervención respetó el protocolo y representa un salto en el uso de armamento no letal.
La PDI realizó cinco operativos y secuestró celulares, un arma de fuego y vehículos en el marco de la investigación.
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Esta vez fue en Cabal 988 bis, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. Se trata de una nueva inactivación de un puesto de venta de estupefacientes desde que se promulgó la Ley de Microtráfico, en los inicios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
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