La cámara nacional que las agrupa planteó directamente que la modificación a la normativa actual se trate por fuera de la ley ómnibus. Las santafesinas, en particular, valoran los cambios introducidos por el Ejecutivo en el proyecto que se debate en el Congreso, pero advierten que lo medular sigue sin resolverse.
Información General18/01/2024
Claudia
En un comunicado emitido hoy, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) expresó su firme oposición a las modificaciones propuestas en la sección IV del proyecto de ley "Bases y Puntos de partida para la libertad de los Argentinos", comúnmente conocido como "Ley Ómnibus". La Cámara, que representa a todas las empresas productoras de biodiesel en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, ratificó su solicitud de que la Ley de Biocombustibles no sea tratada en el marco de esta legislación integral.
En el comunicado, la CEPREB destacó la vigencia de la Ley 27.640 de Biocombustibles, la cual establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030. La entidad subrayó la importancia de este marco normativo, que brinda previsibilidad y sustentabilidad al sector, otorgando a las empresas pymes una participación estable en el mercado. La Cámara expresó su rechazo a las modificaciones propuestas, argumentando que estas afectarían la seguridad jurídica y desconocerían los derechos adquiridos por las inversiones realizadas bajo la legislación actual.
Además, la CEPREB hizo hincapié en la imposibilidad para las pymes de competir en un sistema de libre competencia contra las grandes compañías integradas, que poseen una escala hasta 10 veces más grande. Señalaron que estas compañías, al ser fabricantes de la materia prima y proveedores de las pymes, tendrían el control sobre la producción de sus propios competidores. Asimismo, la Cámara argumentó que la competencia entre pymes sería inviable debido a los costos diferenciales de operación y logística, especialmente para aquellas ubicadas en regiones productivas del interior, tal como lo exigía la ley de Biocombustibles anterior.
La cámara advirtió sobre las posibles consecuencias de las modificaciones propuestas, como el cierre automático de plantas ubicadas en pueblos pequeños lejos del puerto de Rosario, lo que afectaría negativamente al desarrollo local y al empleo.
Finalmente, enfatizó que, aunque reconocen que la ley puede ser mejorada, están dispuestos a participar en un debate profundo sobre el futuro del sector. Y manifestaron su disposición a trabajar con las autoridades nacionales y el conjunto del sector para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas y contribuyan al desarrollo sostenible del sector de biocombustibles en Argentina.
Santafesinas también
Por su parte, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), reconoció los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo Nacional para mejorar la última versión del borrador en lo que respecta a la "Sección IV - Ley N° 27.640, Biocombustibles". Al respecto, se destacan avances como el aumento progresivo de los porcentajes de corte obligatorio de biodiesel, restricciones a la importación de materias primas y biocombustibles, y la implementación de un corte mínimo obligatorio. Sin embargo, la entidad sostiene que la redacción del documento aún carece de claridad y consideración hacia las particularidades de los elaboradores pyme de biodiesel.
CASFER apunto contra la redacción, por la la ambigüedad y confusión que persisten en el texto del proyecto. Se señala la falta de atención a las características específicas de los productores pyme, dejando lugar a diversas interpretaciones sobre el funcionamiento del sistema de licitaciones. Además, la entidad expresa su preocupación por la excesiva discrecionalidad otorgada a la autoridad de aplicación, lo que podría generar desigualdades y conflictos en el sector.
La posición de la cámara santafsina es clara: el proyecto debe ser revisado y modificado para contemplar adecuadamente las particularidades mencionadas. La entidad se ofrece abiertamente a colaborar con los poderes Ejecutivo y Legislativo, abogando por un trabajo conjunto que tome en cuenta las necesidades de los productores pyme de biodiesel. La propuesta es clara: encontrar alternativas que no solo aseguren la participación de todos los actores de la industria, sino que también aprovechen al máximo la capacidad instalada de biodiesel en el país.
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