La guerra judicial de multinacionales contra tabacalera local: 260 puestos de trabajo en riesgo

La tabacalera Bronway está ubicada en el barrio Nuevo Alberdi, sobre la ruta 34. Es una planta que emplea a 261 trabajadores directos y brinda 1.200 puestos de trabajo indirectos. Y que produce los cigarrillos Dolchester y Pier, que se imponen en un mercado ya que su valor es menos de la mitad de los que producen las multinacionales. Esa disputa de mercado tiene desde hace tiempo su escenario en la Justicia federal. Allí se iniciaron tres causas diferentes contra Bronway que partieron de denuncias anónimas que determinaron allanamientos, incautaciones y sobre todo gran despliegue mediático. Todas ellas terminaron en sobreseimiento.
En forma paralela, la firma de capitales rosarinos libraba otra batalla, también ante la Justicia, para que le permitan pagar un impuesto acorde con el precio de los cigarrillos que comercializan, como todas las tabacaleras nacionales. Durante la pandemia, sufrieron en varias oportunidades las idas y vueltas de la Justicia federal hasta que al fin obtuvieron la posibilidad de seguir pagando el precio del impuesto de acuerdo con el costo del atado de cigarrillo en el mercado. Pero los ataques por parte del capital concentrado continúan.
En el camino, debió cerrar For Men, una pyme de la ciudad de Santa Fe, cerró sus puertas y dejó a 84 trabajadoras y trabajadores en la calle.
El último episodio al menos extraño comenzó en junio pasado. La llegada de un nuevo juez federal de primera instancia a Rosario dio un nuevo vuelco, ya que este magistrado desempolvó una medida cautelar presentada, ante la Justicia provincial, por la multinacional Massalin Particulares que era del 2021 y decidió darle curso exprés. Esa decisión ahora está apelada ante la Cámara Federal de Rosario.
“Existe como un master plan. Una superestructura con una pata judicial y una mediática trabajando en sincronía para borrarte del mapa. Porque por más que en esas causas inventadas uno termina sobreseído, mientras tanto te arruinan tu imagen, tu producto, te tratan como un bandido y te paralizan la empresa”, sostuvo Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology SA en diálogo con El Ciudadano.
“Los problemas empezaron cuando empezamos a crecer. La empresa tabacalera se fundó en el 2017, y recién en 2018 logramos la habilitación para poder funcionar. Bronway fue creciendo y a medida que fue creciendo fuimos atacados por una serie de avisos publicitarios en contra, haciendo un lobby a través de los medios para hacer creer que esta empresa era fantasma o que estaba llena de delincuentes. Hemos recibido cualquier tipo de denuncia, casi diez, hasta llegar el punto de que nos hagan denuncias por trata de personas”, describió Ippolito.
“A medida que la fábrica se fue ampliando, esto se fue agravando: notamos una persecución judicial que era amplificada por algunos medios, por lo general los mismos. Y también de la AFIP. Realmente nos llama la atención, más allá de que uno tiene que respetar las normas, nos llama la atención las formas”, añadió el ejecutivo sobre la operatoria de fuerzas federales y funcionarios judiciales en cada ocasión.
“Este problema es sólo de las tabacaleras de la provincia de Santa Fe. De hecho, una de ellas, For Men, cerró sus puertas y con ella los 86 puestos de trabajo que generaba se perdieron. Los trabajadores fueron indemnizados, pero hay 86 puestos de trabajo menos. Las otras pymes no sufren el ataque que sufrimos nosotros. No sé si es porque estamos instalados en Rosario o porque fue la primera” que se atrevió a inmiscuirse en un mercado dominado por muy pocos, detalló Ippolito y de inmediato agregó: “Pero es raro porque las otras tabacaleras no sufren este tipo de ataques. Incluso la de competencia más directa, al firma Sarandí, nunca sufrió esta forma de ataque, entonces nos hace más aún desconfiar de algo prearmado. Ese es el motivo por el que llegamos a pensar eso” sobre la recurrente ofensiva de las multinacionales.
—¿En qué situación están ahora las causas judiciales?
—A lo largo de los años se acumularon gran cantidad de causas judiciales. Las penales, que nos inventaron, ya llevamos cinco; de las cuales las primeras 3 ya tenemos el sobreseimiento y las otras dos nunca más nos llamaron. Nunca me llamaron en ninguna causa, ni siquiera a prestar declaración testimonial, así que estamos muy tranquilos con ese tipo de causas. Pero el daño que causan es muy grande, nos hace daño la mala prensa.
“Y con respecto a las causas civiles estamos en litigio permanente. Defendemos nuestras causas como el resto de las pymes, porque todas las pymes del país, como las asentadas en Salta, Jujuy, Buenos Aires, La Plata, todas trabajan con normalidad. Tres de ellas ya tienen fallo de fondo por esta ley de la época de Macri —que obliga a pagar el mismo monto fijo de impuesto por atado que las multinacionales, cuyos paquetes se venden a más del doble— y nosotros seguimos trabajando con un recurso de amparo —como en casi todo el país lo hace el resto— que hasta hoy sigue vigente”, explicó el empresario.
Ippolito se explayó sobre este punto, que tuvo en los últimos años su capítulo mediático a partir del reclamo de trabajadoras y trabajadores para poder continuar en sus puestos. “Algunas jurisdicciones tienen fallos definitivos de la Justicia, otras funcionan con medidas cautelares. Es que la Justicia exige que este tipo de cautelares lo tiene que pedir cada empresa en particular. Hoy en el país tenemos la declaración de inconstitucionalidad en caso concreto, no tenemos un corte de inconstitucionalidad, por ese cada uno en particular lo tiene que pedir. O sea, una empresa de La Pampa puede trabajar en forma legal y una de Rosario, no”.
“Lo que nosotros venimos peleando por hacer conocer es que hay una empresa en La Plata, otra en Sarandí, otra en Buenos Aires, en Salta, en Jujuy, todas trabajan con normalidad y no tienen este tipo de ataques. Si nosotros estuviésemos trabajando en Buenos Aires, lo haríamos con normalidad, por poner un ejemplo. Por eso creemos en la Justicia a pesar de lo que nos está pasando: algún día se va a saber la verdad”, estimó Ippolito.
—¿Cuáles causas judiciales ponen hoy en peligro a trabajadoras y trabajadores?
—Una está en el juzgado de la doctora Sylvia Aramberri, que nos prorrogó la cautelar cada tres meses y últimamente tuvimos el ataque de un juez que asume en junio pasado. Vino de Buenos Aires y casualmente la primera causa que tomó fue una causa de Bronway, que Massalin nos demandaba en el año 2021 en la Justicia provincial, por competencia desleal. Nunca esa causa avanzó porque sabíamos que era de un privado a un privado y había quedado ahí; nos llama la atención que viene un juez de Buenos Aires y apenas llega y agarra justo esa causa.
—¿Por qué esta causa pasa a la Justicia federal?
—Porque la Justicia provincial no es competente. El juez Gastón Salmain la pide, cae en manos de él y lo primero que hace es dictar una cautelar a favor de Massalin Particulares, queriendo de esta manera dejar a 261 personas sin trabajo acá en Rosario, todos puestos directos, y otros 1.200 indirectos, que son los distribuidores. Entonces vemos que hay una energía muy particular contra los trabajadores rosarinos, porque parece que acá no se puede. Nunca pasó que a un particular, sin presentar una contracautela, sin presentar medios, le pueden dar una cautelar a favor. Nos llama muchísimo la atención la forma que está obrando este juez de primera instancia, recién llegado a Rosario, que realmente nos deja descolocados.
—¿Esta causa fue apelada?
—En este momento está en Cámara Federal y estamos esperando la resolución la próxima semana.
—¿Cuántos trabajadoras y trabajadores tiene Bronway?
—Son 261 en forma directa y calculamos en distribución unos 1.200 empleados a nivel país. Es una cantidad importante, sobre todo en este momento del país. Nosotros lo comentamos, pero parece que acá en la provincia no les interesa, es como que no les interesan los puestos de trabajo y que la gente no tiene derecho a comer.
—¿Qué siente cuándo tiene que enfrentarse todo el tiempo con las multinacionales ante la Justicia federal?
—Es un desgaste permanente de hace muchos años y hay días que cuesta arrancar. Tengo mucha fuerza, sé que no me van a vencer. Voy a seguir luchando por esta empresa, por los puestos de trabajo, pero hay días que realmente te cuesta arrancar; porque te lleva muchísimo tiempo dedicarte a defenderte, mientras que ese tiempo uno lo puede aprovechar trabajando o generando más puestos de trabajo. Pero confío en la Justicia.