Extorsiones sexuales libertarias: está involucrada en la causa la diputada nacional Orozco, que tiene paralizada la Comisión de Libertad de Expresión

La Justicia de Salta ordenó este viernes el secuestro de los teléfonos celulares del ahora concejal libertario de la capital provincial, Pablo López, acusado de pedir favores sexuales para «reintegrar» parte del sueldo retenido a una colaboradora.

El joven renunció a su cargo y fue expulsado de La Libertad Avanza, pero la mancha sobre imagen del oficialismo amenaza con extenderse. Las pruebas aportadas por la víctima comprometen además, y directamente, a la diputada nacional del mismo espacio, Emilia Orozco.

Fuentes de la causa indicaron que la investigación busca esclarecer una serie de hechos que incluirían amenazas, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento por parte de Orozco. La sospecha es que la legisladora tenía conocimiento previo de lo denunciado. Y que pudo haber colaborado activamente o, al menos, mantenido silencio ante los hechos de su compañero partidario.

En paralelo con el avance del expediente, La Libertad Avanza expulsó a Pablo López del espacio político. El presidente del partido, Eduardo Virgili, expresó su “absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento”. Y sobreactuó el desmarque con textuales repetidos por presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “El que las hace, las paga”.

Orozco, con otros rollos bochornosos
La diputada nacional salteña arrastra más problemas. Ya le pidieron la renuncia a la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión, que bajo su comando no se reúne desde el 12 de septiembre de 2024.

El 1° de julio pasado, ingresó un proyecto de resolución que solicita la remoción de la legisladora en ese puesto.

La iniciativa, encabezada por la diputada Mónica Frade, cuenta con el respaldo de Carolina Gaillard, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, quien amplió las críticas a Orozco en una sesión de la Cámara Baja.

El santafesino denunció los ataques constantes a periodistas desde el Poder Ejecutivo y recordó que él mismo fue víctima de agresiones homofóbicas orquestadas desde redes ligadas al oficialismo. “La Comisión debería estar activa para defender a quienes están siendo atacados. Y no se convoca desde hace diez meses”, sostuvo.

El proyecto de remoción sostiene que Orozco ha incumplido con sus obligaciones como titular de la Comisión, impidiendo su normal funcionamiento. La iniciativa se ampara en el artículo 107 del reglamento interno de Diputados, que habilita a sustituir a miembros de comisiones permanentes por incumplimiento de funciones.

Entre los fundamentos, el proyecto enumera siete pedidos formales de convocatoria realizados por legisladores entre agosto de 2024 y junio de 2025, todos ignorados por la salteña ahora involucrada en el escándalo de extorsión sexual protagonizado por el concejal de su provincia.

Orozco con tongos frondosos
El fiscal penal de Salta Ramiro Ramos Ossorio abrió en junio pasado una investigación preliminar por presunta exigencia de aportes partidarios como condición para mantener cargos políticos dentro del espacio de LLA. La denuncia, realizada por el director de la Ansés de la ciudad de Metán, Cristian Achaval, involucra a Orozco y al también diputado nacional Carlos Zapata, junto a un asesor político.

En un audio difundido públicamente y aportado en la denuncia, se escucha al apoderado del partido Ahora Patria, Ricardo Ortega, que le exige al funcionario de Ansés un aporte mensual del 5% del salario y menciona a Orozco y a Zapata como parte de esa operatoria.

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el caso está en etapa de averiguación preliminar.

El escándalo de los presuntos aportes partidarios se viralizó en redes casi en simultáneo con la difusión de imágenes de Orozco durante un viaje a Dubai.

La diputada formó parte de una comitiva oficial de funcionarios del área de discapacidad y legisladores nacionales que originalmente tenía previsto participar de una actividad en Israel.

Sin embargo, el grupo cambió el periplo, se argumentó, ante la avanzada de Tel Aviv sobre la devastada Gaza. Y aparecieron fotografías de la comitiva -que incluía también a la funcionaria nacional Romina Núñez y a la legisladora Lucía Montenegro- posando frente al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.

Las fotos desataron un fuerte rechazo de las organizaciones de personas con discapacidad, que atraviesan una crisis sin precedentes por los recortes del Gobierno nacional. Motosierra para ellos, dispendio de fondos públicos para los militantes libertarios en la costosa Dubai.

Orozco rechazó las críticas y lo hizo precisamente en el programa de streaming «Leyendo Salta» que conducía el ex concejal libertario Pablo López, denunciado por extorsión sexual en una causa que también la involucra como presunta encubridora. Allí dijo que los costos del viaje fueron pagados por el Gobierno de Israel y que la escala en Dubai estaba prevista, pero se extendió por el conflicto en Medio Oriente.